Ayer, 2 de octubre de 2009, los dirigentes palestinos - bajo una pesada presión internacional encabezada por los Estados Unidos - aplazaron el proyecto de propuesta de que el Consejo de Derechos Humanos apruebe todas las recomendaciones de la Misión Investigadora de las Naciones Unidas (el informe Goldstone). Este aplazamiento niega al pueblo palestino el derecho a la tutela judicial efectiva y la igualitaria protección de la ley. Representa el triunfo de la política sobre los derechos humanos. Es un insulto a todas las víctimas y el rechazo de sus derechos.
Los crímenes documentados en el informe de la Misión Investigadora de las Naciones Unidas representan las más graves violaciones al derecho internacional, el Juez Goldstone concluyó que hay pruebas que indican que crímenes contra la humanidad han sido cometidos en la Franja de Gaza. Las violaciones a la ley internacional continúan hasta hoy, entre otras cosas, a través del continuo bloqueo ilegal de la Franja de Gaza impuesto por Israel. Las conclusiones de la misión confirman investigaciones anteriores realizadas por organizaciones independientes palestinas, israelíes e internacionales.
La injusticia que ahora ha caído sobre los palestinos ha caído sobre todos en este mundo. Los derechos humanos internacionales y el derecho humanitario no son objeto de discriminación, ya que no dependen de la nacionalidad, la religión, o afiliación política. Los derechos humanos internacionales y el derecho humanitario se aplican universalmente a todos los seres humanos.
El imperio de la ley está destinado a proteger a las personas, para garantizar sus derechos fundamentales. Más aún, si el imperio de la ley debe ser respetado, ésta debe ser cumplida. La historia del mundo, y la ocupación israelí de tierras palestinas nos han demostrado que mientras persista la impunidad, la ley seguirá siendo violada; civiles inocentes continúan sufriendo las terribles consecuencias.
La justicia demorada es justicia denegada. Todas las víctimas tienen el legítimo derecho a la tutela judicial efectiva, y la igualitaria protección de la ley. Estos derechos son universales: no están sujetos a consideraciones políticas. En los nueve meses desde la Operación Plomo Fundido, no hay investigaciones judiciales efectivas conducidas al conflicto. Prevalece la impunidad. En tales situaciones, el derecho internacional exige el recurso a mecanismos judiciales internacionales. Los Derechos de las víctimas deben ser confirmados. Los responsables deben rendir cuentas.
La creencia de que la rendición de cuentas y el imperio de la ley pueden ser dejados de lado en la búsqueda de la paz es un error. La Historia nos ha enseñado una y otra vez, que la paz duradera sólo puede construirse sobre los derechos humanos, la justicia y el imperio de la ley. Durante muchos años en Palestina el derecho internacional y el Estado de Derecho, han sido sacrificados en nombre de la política, y dejados a un lado en favor del proceso de paz. Este enfoque se ha intentado y ha fracasado: la ocupación se ha solidificado, los asentamientos ilegales han continuado expandiéndose, el derecho a la libre determinación ha sido negada; civiles inocentes sufren las consecuencias terribles. Ahora es el momento de perseguir la justicia y una paz construida sobre la base de los derechos humanos, la dignidad y el imperio de la ley. En palabras del juez Goldstone, no hay paz sin justicia.
Las justificaciones dadas por los dirigentes palestinos con respecto a la decisión de aplazar son inadecuadas. El consenso no es necesario, el sistema de las Naciones Unidas trabaja sobre la base de la mayoría. Desde el comienzo de la ONU, y en el transcurso de la ocupación israelí iniciada en 1967, el consenso rara vez se ha logrado. La ONU fue creada para representar la voluntad de las naciones del mundo, es inevitable que se produzca la disidencia y el desacuerdo. Las decisiones deben basarse en la voluntad de la mayoría.
Como organizaciones de derechos humanos condenamos enérgicamente la decisión de los dirigentes palestinos de aplazar la propuesta de aprobar todas las recomendaciones de la misión de investigación, y la presión ejercida por algunos miembros de la comunidad internacional. Esa presión está en conflicto con las obligaciones internacionales de los Estados, y es un insulto para el pueblo palestino.
Como organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil interesadas en los derechos y la justicia, declaramos que vamos a redoblar nuestros esfuerzos en buscar justicia para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional en los territorios ocupados sin demora.
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